La administración de armas en México requiere una transición hacia lo civil

En el debate sobre el control de las armas de fuego en México, solemos aceptar el modelo actual de administración militar como un dogma institucional. Sin embargo, para entender por qué la gestión del registro y control parece estancada en una lógica de restricción, debemos analizar no solo quiénes operan el sistema, sino el "filtro" conceptual desde el cual toman decisiones.

La herencia revolucionaria: Un modelo de otra época

La injerencia de la Secretaría de la Defensa Nacional en el control de armas no es un accidente administrativo; es una inercia histórica que data de la culminación de la etapa armada de la Revolución Mexicana. En aquel contexto, el Estado necesitaba centralizar el poder de fuego para garantizar la estabilidad de un país en reconstrucción.

Hoy, un siglo después, es necesario cuestionar si esa tarea sigue siendo propia del ámbito militar. Como bien señalan voces expertas —incluso algunas dentro de la propia institución— la necesidad de que el militar supervise al ciudadano para evitar que porte armas es una tendencia que quizás ya no responde a las necesidades de una democracia moderna, donde la gestión debería ser administrativa y no de control poblacional.

El Triángulo de la Seguridad como lente que restringe el derecho

Uno de los puntos críticos que explican la rigidez del sistema es lo que podríamos llamar el Triángulo de la Seguridad. Cuando un trámite de registro o compra llega a la Dirección, no se procesa bajo una lógica de servicio al ciudadano, sino que se filtra a través de tres pilares estrictamente militares:

1. Seguridad Nacional: La protección del Estado frente a amenazas que puedan desestabilizar el orden técnico o institucional.

2. Seguridad Interior: El mantenimiento de la paz y el orden dentro del territorio.

3. Seguridad Pública: La prevención del delito y la violencia inmediata.

El problema radica en que, al pasar el Artículo 10 Constitucional por este filtro triple, el derecho desaparece. Para el mando militar, un arma en manos de un civil no es el ejercicio de una facultad ciudadana, sino una "variable de riesgo" que afecta potencialmente los tres niveles de seguridad. Bajo este lente, la respuesta administrativa siempre tenderá a la restricción: si un arma puede representar un riesgo —por mínimo que sea— para cualquiera de estos tres ejes, la lógica militar dicta que es mejor negar el trámite que gestionarlo.

La gestión de las armas como política pública internacional

México navega a contracorriente de las democracias que apuestan por la administración civil o policial para regular el armamento de los ciudadanos:

• Argentina (ANMaC) y Perú (SUCAMEC): Agencias civiles que gestionan el registro con un enfoque administrativo y de transparencia.

• Estados Unidos (ATF): Una agencia regulatoria bajo el Departamento de Justicia que separa el control comercial y registral del mando militar.

• Brasil (Modelo híbrido): Un caso revelador donde la facultad está repartida. La Policía Federal administra el SINARM para la defensa personal de civiles, mientras que el Ejército gestiona el SIGMA para sectores especializados (CACs).

El ejemplo brasileño demuestra que la existencia de una vía civil permite que el derecho ciudadano tenga un peso real en la balanza, algo que en México se pierde bajo la prioridad absoluta de la seguridad nacional.

¿Saber la ley es suficiente para poder aplicarla?

Es un error común pensar que el personal militar desconoce la Ley Federal de Armas de Fuego (LFAFE). Al contrario, desde su formación en el Heroico Colegio Militar, el oficial está instruido en el marco legal. De hecho, es en las Zonas Militares donde se realiza el grueso de las tareas operativas: supervisiones de campos de tiro, registros y revisiones de licencias colectivas.

Sin embargo, debemos distinguir entre dos funciones distintas:

1. La Aplicación de la Ley: La tarea operativa de cotejar documentos y realizar supervisiones.

2. El Diseño de Política Pública: La toma de decisiones estratégicas y políticas que afectan el ejercicio del derecho.

Es aquí donde el perfil choca con la necesidad. Un General llega a la Dirección del Registro tras décadas de una carrera enfocada en el combate a la delincuencia y con una formacion orientada a la defensa del país. Su formación técnica lo prepara para neutralizar amenazas, no para diseñar políticas públicas que fomenten la cultura de la legalidad entre ciudadanos responsables.

El filtro de la discrecionalidad genera un suelo disparejo

Más que una falta de claridad, el nudo del problema reside en la amplia facultad discrecional que la propia LFAFE otorga a la autoridad. Esta capacidad de aplicar criterios propios y subjetivos —sin la rigidez de un manual de procedimientos— provoca que el "suelo no esté parejo" para todos.

En un modelo mas funcional, los criterios son estandarizados y hay predictibilidad: cumples con los requisitos y te autorizan lo que solicitaste, punto. En el modelo actual, la discrecionalidad permite que la interpretación de la norma varíe según el mando en turno, transformando un trámite legal en un obstáculo diseñado desde la sospecha y que faculta a la autoridad a negarte el ejercicio de un derecho a pesar de haber cumplido con todos los requisitos objetivos. Como señala el informe del CSIS (Under the Gun), gestionar el registro bajo esta lógica termina asfixiando al ecosistema deportivo y de defensa legítima, empujando involuntariamente al ciudadano hacia la informalidad ante la fatiga burocrática y la incertidumbre del resultado final.

Una evolución necesaria

Reconocer que el estamento militar ha cumplido con una tarea asignada históricamente no impide señalar que el modelo ha caducado. La transición hacia una institución civil permitiría que la Defensa se concentre en funciones estratégicas, dejando la gestión de los derechos ciudadanos en manos de otros profesionales de la administración pública con una visión diferente.

El control de armas no debe ser una operación de contención, sino una política pública de orden y respeto al usuario legal sin dejar de castigar al infractor. Un paso fundamental para mejorar la seguridad en México es dejar de tratar al ciudadano que cumple la ley como una variable de riesgo para la seguridad nacional.

Cristian Jmz.